Si la intensa presión ejercida por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre la Casa Blanca para la liberación sin cargos del general Salvador Cienfuegos, anterior ministro mexicano de Defensa, ha dado resultado, ¿cabe pensar que un día Washington pueda también retirar sus cargos contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello u otros altos cargos chavistas?
Por: Emili J. Blasco/ ABC
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La devolución el pasado miércoles a México de Cienfuegos, que fue detenido en octubre en el aeropuerto de Los Ángeles por colaboración con el narcotráfico, rompe la sacrosanta regla de la separación de poderes –que el Ejecutivo no puede inmiscuirse en el Judicial– y deja en el aire la aseveración de que, una vez una causa se abre en los tribunales de Estados
Unidos, las ruedas dentadas del proceso se mueven inexorablemente hasta el final. El caso deja en mal lugar también a la DEA, la agencia estadounidense antinarcóticos, que fue la que investigó y reunió pruebas contra Cienfuegos y propició su detención en Los Ángeles. Es la misma DEA que ha suministrado la información necesaria para perseguir en Estados Unidos a Maduro y Cabello.
Caso muy especial
El sorprendente caso del general Cienfuegos, que fue ministro de Defensa de 2012 a 2018, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se explica por la peculiar relación de vecinos que mantienen Estados Unidos y México, determinada por una de las fronteras más largas entre dos países y también una de las más problemáticas (en asuntos como migración y narcotráfico).
La tradicional suspicacia mexicana hacia la potencia del norte estalló en indignación cuando, sin compartir información acerca de que andaba detrás de Cienfuegos –cuando se supone que las dos naciones están colaborando estrechamente contra el narcotráfico–, Estados Unidos procedió a la detención del general: nunca antes EE.UU. había detenido a un alto cargo mexicano tan destacado. Cienfuegos fue acusado de colaborar con un cartel de droga, al que habría dado información para que sus actividades esquivaran las operaciones de las fuerzas de seguridad; dado su cargo, también fue acusado de corrupción.
Ahí tenemos un primer punto significativo. La detención, autorizada por el Fiscal General estadounidense, William Barr, provocó en México un enfado mayor del previsto, y hubo necesidad de reparar la confianza entre los dos países, en un aspecto como el del narcotráfico en el que la mutua colaboración es fundamental. Probablemente el miedo a que Cienfuegos soltara información que salpicara a parte del establishment mexicano (y que Washington podría luego usar para su conveniencia) hizo que López Obrador fuera vehemente en su demanda.
De acuerdo con varios medios estadounidenses, en las comunicaciones directas mantenidas con Barr, el ministro de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, amenazó con cortar la cooperación con EE.UU. en materia de drogas e incluso expulsar a los agentes de la DEA que en México colaboran con las autoridades antinarcóticos de ese país. En cambio, si Cienfuegos era devuelto, México se comprometía a colaborar en la captura de un capo especialmente envuelto en la entrada de fentanilo en EE.UU., país que recientemente ha sufrido una dramática ola de miles de muertes por opiáceos. «No podéis tener las dos cosas. No podéis tener una estrecha cooperación con todas las instituciones de México y al mismo tiempo hacer esto», declaró Ebrard públicamente.
López Obrador se ha comprometido a investigar a Cienfuegos, pero a su regreso el general fue directamente a su casa sin cargos y no está claro que vaya a pisar una prisión. Y eso que el equipo fiscal estadounidense aseguró tener pruebas contundentes contra él, que serían compartidas con los investigadores mexicanos.
Maduro y Cabello, sin apalancamiento
El caso presenta serias diferencias con lo que podría suceder con la captura de los máximos responsables del régimen venezolano y su puesta a disposición de la justicia de Estados Unidos. De entrada, la detención de Maduro, o incluso de Cabello, podría ser la puntilla que desmoronase el sistema chavista, por lo que ya no habría un estado que intentase negociar con Washington. Además, no habría nada que ofrecer a cambio: un narcoestado no va a ponerse a colaborar honestamente con la DEA y las demás agencias estadounidenses.
Podría pensarse que, si se detuviera a alguien por debajo de Maduro que fuera a entregar información que pudiera engrosar seriamente la incriminación de este, el líder chavista quizás aceptaría dejar el poder y permitir elecciones libres y transparentes. Pero aparte de que en el caso de Cienfuegos Washington no ha actuado solo por consideraciones políticas, sino también con un propósito de no romper la colaboración con su vecino México en materia de narcotráfico, tenemos el precedente de los «narcosobrinos».
Si Maduro no ha podido sacarles del engranaje judicial y penal estadounidense y devolverles a Venezuela, a pesar del poderoso lazo afectivo entre su esposa y su ahijado, difícilmente podría avanzar ninguna negociación en cualquier otro supuesto.
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