El escándalo desatado en Argentina por el acceso privilegiado a la vacunación contra la covid-19 creció este sábado con la presentación de varias denuncias para que la Justicia investigue los hechos, mientras la oposición reclama transparencia y el Gobierno de Alberto Fernández concretó el cambio de mando en el Ministerio de Salud en medio de la pandemia.
EFE
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Fernández tomó hoy juramento a Carla Vizzotti, hasta ahora secretaria de Acceso a la Salud, como nueva ministra de Salud, en reemplazo de Ginés González García, a quien el mandatario le pidió la renuncia este viernes, tras el estallido del escándalo.
«Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo», dijo Fernández en el decreto de aceptación de la dimisión de González García publicado este sábado en el Boletín Oficial.
REVUELO EN PANDEMIA
El revuelo por la «vacunación VIP» ha derivado en un cambio de mando en el Ministerio de Salud en momentos en que Argentina, que acumula algo más de dos millones de contagiados y 51.122 muertes por covid-19 desde el inicio de la pandemia, ha puesto en marcha su campaña de vacunación con muchas dificultades por el retraso en la llegada de las dosis pactadas con diversos proveedores.
El escándalo estalló este viernes luego de que el periodista y titular del organismo Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, de 79 años, dio a conocer en un programa de radio que se había vacunado dentro de la sede del Ministerio de Salud tras hablar con su «amigo» González García.
En Argentina la campaña de vacunación contra la covid-19 se inició a finales de diciembre con el personal sanitario y esta semana comenzó la etapa de vacunación de los adultos mayores, a partir de los 70 años en la mayoría de los distritos del país y de 80 en el caso de la ciudad capital.
Para acceder a la vacunación, que es voluntaria y gratuita, los interesados deben tramitar un turno por internet, que es concedido en la medida que haya disponibilidad de dosis.
Según medios locales, además de Verbitsky, hubo políticos, sindicalistas, empresarios y otros allegados al oficialismo que también recibieron la vacuna en condiciones de privilegio.
En su carta de renuncia, González García, ministro de Salud entre 2002 y 2007 y embajador ante Chile entre 2007 y 2015, alegó que hubo un «malentendido».
LLUVIA DE DENUNCIAS
El caso ya ha llegado a la Justicia tras la presentación de al menos tres denuncias para que se investiguen los hechos, entre ellas una del fiscal federal Guillermo Marijuán, quien en su presentación señaló que «resulta difícil comprender cómo, desde una posición de poder y de influencia política, se avasallan todas las normas en pos de un beneficio personal que no hace más que mostrar la bajeza y la catadura moral inexistente de los que intervienen en estos sucesos».
Otra de las denuncias fue presentada por el abogado Jorge Monastersky, según confirmó hoy a Efe el propio letrado, quien en su escrito sostuvo que González García «habría ordenado y autorizado a un grupo de personas» a vacunarse en el Ministerio de Salud «alterando las prioridades que las normas específicas indican».
La Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina también ha presentado una denuncia penal que alcanza no sólo al desplazado ministro sino a varios otros miembros de la cartera sanitaria, como Vizzotti, y a quienes presuntamente recibieron la vacuna de forma privilegiada.
«Es inaudito que haya alguien, en este caso la cúpula del Ministerio de Salud, que dictamine quién debe morir y quién debe vivir», aseveró a Efe el presidente de la fundación denunciante, Fernando Miguez.
OPOSICIÓN RECLAMA EXPLICACIONES
Por su parte, Juntos por el Cambio, la principal coalición de oposición política en Argentina, reclamó este sábado que el Ejecutivo brinde explicaciones ante el Parlamento sobre lo sucedido y presente el inventario de las vacunas y el registro de todos las personas vacunadas.
Los líderes de ese frente político afirmaron en un comunicado que lo sucedido es «una absoluta inmoralidad» y un «escándalo de corrupción» y también reclamaron que «los vacunados en forma ilegal rindan cuenta a la Justicia por este delito».
Además de Verbitsky, el legislador oficialista Eduardo Valdés, de 62 años, reconoció este viernes haber sido vacunado en el Ministerio de Salud pero «de acuerdo a un protocolo y a una invitación».
En tanto, el líder del sindicato de chóferes de camiones el peronista Hugo Moyano, dijo este sábado que recibió la vacuna en Buenos Aires pero en su carácter de titular de la obra social (servicio de salud) del gremio, al igual que su esposa y uno de sus hijos, que también trabajan en ese sitio, adonde el gobierno capitalino remitió un lote de dosis para inocular al personal sanitario.
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