Todas las noches los venezolanos se preparan para enterarse de las cifras oficiales de la pandemia tras la reunión diaria de la Comisión chavista para el Control del COVID-19. El anuncio lo hace Jorge Rodríguez, o su hermana, Delcy Rodríguez; eso, si no se adelanta Nicolás Maduro en alguna eventual transmisión. La información la dan como en cualquier otro país a excepción de una particularidad. Hay un énfasis en distinguir los casos de contagio nacional y el número de casos “importados” de otros países, particularmente los que vienen de Colombia y Brasil.
Por DW.com
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Desde el comienzo de la cuarentena, Nicolás Maduro ha acusado en reiteradas ocasiones a los países vecinos de retornar a Venezuela migrantes venezolanos infectados con coronavirus para atacar al país. El discurso del mandatario ha llegado al punto de llamar “bioterroristas” a los migrantes venezolanos que cruzan la frontera colombo-venezolana por vías clandestinas. Para los migrantes venezolanos que regresan a su país de origen la realidad que viven es posiblemente más dramática que las acusaciones que emite Maduro en sus discursos.
Las experiencias del retorno
Una de las lamentables consecuencias que ha traído consigo el COVID-19 a América Latina es el cierre de varias empresas al no poder poder atender a clientes en cuarentena. Esto, a su vez, ha dejado sin trabajo al sector más vulnerable de la jerarquía laboral, los trabajadores migrantes, muchos de ellos venezolanos. Tal es el caso de Samanta, de 21 años, que regresó a Venezuela desde Colombia por las vías legales. Samanta contó a DW que a causa de la pandemia ella y su esposo perdieron el trabajo. “Estoy embarazada y las consultas médicas presenciales estaban suspendidas para evitar exponernos. Como no teníamos trabajo y pagábamos alquiler pues se nos complicó la situación y de ahí tomamos la decisión de retornar. Aquí tenemos nuestros hogares y podríamos estar más tranquilos”, dice Samanta.
Samanta y su esposo tardaron un mes desde que salieron por la frontera hasta llegar a su hogar en Caracas. Los primeros 5 días en San Antonio fueron terribles, según Samanta, ya que tenían que permanecer en una aula de un colegio donde solo habían tres colchonetas para 6 personas. “La atención pues también estuvo mal. Nadie estaba pendiente de nadie, nos daban poca comida, raciones muy pequeñas, no sabían cocinar, la comida era muy mala, parecía comida para perros” nos cuenta Samanta. Luego mejoró su situación al ser trasladados a un hotel en las afueras de Caracas. En el trascurso del viaje les realizaron 5 pruebas rápidas y un PCR.
Una historia similar vivió Corina (20), quien contó a DW sobre su retorno por el puente Simón Bolívar en la frontera colombo-venezolana junto con su esposo (21), su tía (29) y el hijo de su tía, de seis años. Luego de varias horas de cola se registraron y pasaron la noche durmiendo en el piso, “al día siguiente nos seleccionaron entre las personas de tercera edad, embarazadas y niños, ya que mi tía estaba en estado; nos separaron y nos trasladaron a una Universidad que sirve como refugio en San Cristóbal”, recuerda Corina. Pasaron 22 días en distintos refugios hasta su destino final en Anzoátegui. Les realizaron 2 pruebas rápidas y un PCR antes de dejarlos ir.
Al igual que Samanta, en el viaje Corina no recibió una buena alimentación. Además, “sufrimos mucho porque no había agua, muchas veces no podíamos bañarnos ni cambiarnos de ropa”, dice. Pero el momento más dramático fue cuando su tía entró en parto ya que “se la llevaron a un hospital y dejaron al niño de 6 años con extraños en el refugio. Ni yo ni mi esposo pudimos encargarnos, porque nos tenían en otro grupo” recuerda Corina.
Con los “bioterroristas”
Historias similares a la de Samanta y Corina se han regado entre los migrantes que se ven obligados retornar a Venezuela en medio de la pandemia y una parte ha optado por regresar usando las vías clandestinas en la frontera, llamadas trochas. Quienes acuden a los llamados “trocheros” para cruzar la frontera esquivan la cuarentena y los malos tratos que muchos denuncian sobre las precarias condiciones de los refugios. Pero también se privan de los controles sanitarios y de realizarse las pruebas de COVID-19 y eso es lo que preocupa a las autoridades.
A pesar de las malas experiencias, Samanta no se arrepiente de haber entrado a Venezuela por la vías legales ya que “nosotros siempre pensamos en pasar por el puente, por los beneficios que nos iban a dar. A mi, que estoy embarazada, me dieron atención médica, en Colombia nos dieron alimentación, sabíamos que nos harían las pruebas y que se cumpliría el protocolo de seguridad y salud para entrar a Venezuela; entonces lo mejor que pudo haber hecho mucha gente para evitar cualquier cosa era entrar a Venezuela por el puente”, dice Samanta.
Aún así, varias organizaciones de derechos humanos ven con preocupación la falta de respuesta del Estado ante el retorno. Javier Tarazona es el director del observatorio de derechos humanos FundaREDES, que está monitoreando el fenómeno migratorio de venezolanos retornados en municipios fronterizos desde que cerraron las fronteras en marzo a causa de la pandemia del COVID-19. Tarazona conversó con DW y afirma que “no han regresado a Venezuela más del 2% de los migrantes que se han ido y aun así el Estado no ha sido capaz de responder de manera eficaz”.
Precariedad y contagios
Para Tarazona, esta es una emergencia humanitaria compleja en salud, que se agrava con la pandemia, ya que el Estado “no cumple con los protocolos sanitarios y eso ha causado que migrantes venezolanos retornados han terminado contagiados y contagiando a otros, producto de la precariedad en el sistema de salud pública”. Además, denuncia que hay casos de migrantes venezolanos retornados que “han desaparecido, algunos han sido asesinados en su trayecto de regreso”. Y agrega que “es compleja la situación y muy cruel”.
Javier Tarazona es profesor en el Instituto Pedagógico Rural del estado Táchira, uno de los planteles que han sido destinados como refugio para migrantes retornados. A su juicio, las condiciones de la institución no son aptas para albergar a los migrantes retornados, “no hay sanitarios, no hay acceso a agua potable, y es lamentable como se ha violentado el derecho a la salud, el derecho a que se comuniquen con sus familiares; están totalmente aislados, al punto que muchos terminan escapándose porque no tienen lo mínimo para sostener una cuarentena”. Ante estos y otros hechos que han sido documentados, FundaRedes solicitó “a las autoridades militares hacer un plan de contingencia que implicara un corredor aéreo humanitario, y al gobierno de Colombia abrir un canal humanitario, porque el cierre de fronteras ha perjudicado a personas con enfermedades crónicas que solo consiguen medicamentos en Colombia”, explica Tarazona.
El hecho que el chavismo culpe a los migrantes retornados por trochas del aumento de coronavirus en Venezuela no sorprende a Tarazona. “Llamarlos bioterroristas es una narrativa para generar culpables simbólicos ante la incapacidad de frenar el aumento de contagios, porque el negocio multimillonario que genera la economía de contrabando por las trochas no lo han detenido”, afirma. El contrabando por la frontera es una preocupación desde hace ya muchos años, que ahora se intensifica en medio de la pandemia global. “Estigmatizar a los trocheros solo los enfurece, pero no los detiene”, indica Tarazona.
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